Designaciones Terroristas y los peligros para los Derechos Humanos y la Soberanía Ajena

Las consecuencias e implicaciones de las designaciones terroristas para los derechos humanos y la soberanía ajena 

 

La última actualización, 5/24/2025. 

 

La situación actual se está desarrollando rápidamente. Si usted quiere mantenerse informado sobre estos temas del terrorismo, la deportación y la intervención estadounidense en países extranjeros– existen fuentes de información accesibles y convenientes. Por parte mía y de mi compañera, Dulce Lopez, les recomendamos; Poppy Press, Up First from NPR, Democracy Now!, HasanAbi, La Jornada, Al Jazeera Explained, El País México, Conexión Migrante, Reportar Sin Miedo, Pájaro Político, y NMás Media

 

¿Qué similitudes existen entre 238 inmigrantes venezolanos, los ‘piratas’ yemenitas pro-palestina, Luigi Mangione, Mahmoud Khalil, la intifada (resistencia) estudiantil y grafiteros que protestan contra Tesla? 

 

Todos han sido atacados por el gobierno estadounidense e injustamente designados como terroristas. Aunque sus supuestas afiliaciones acusadas abarcan desde el vandalismo, la promoción de grupos terroristas, y/o la participación directa en tal grupos, juntos estos ejemplos demuestran un intento de la administración de Trump para usar designaciones de terrorismo para violar derechos humanos y la soberania ajena. 

 

La designación de ‘terrorista’ se ha creado y definido de manera imprecisa para el uso estratégico de los gobiernos. Como lo describe la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos(OHCHR), “las definiciones ambiguas de terrorismo que se practican en algunos Estados han resultado en políticas y prácticas que vulneran las libertades fundamentales de las personas y las comunidades, y discriminan a algunos grupos en particular.” 

 

Al principio del proceso de deportación de los 238 venezolanos, la administración intentó trasladarlos a escondidas, negándose a notificar a los abogados que sus clientes habían sido enviados a El Salvador. Familiares y abogados tomaron las redes sociales para publicar información sobre los individuos deportados. El abogado de Andry Hernández Romero publicó el, que “[trad.] la última vez que hablé con nuestro cliente fue el jueves antes de que tuviera su audiencia judicial en una corte migratoria, pero I.C.E no lo trajo. El abogado del gobierno no tenía información sobre por qué no estaba. El juez cambió la audiencia judicial para el lunes. Hemos estado tratando de contactar a nuestro cliente desde ese entonces.” Romero, quien es un estilista LGBT+, llegó a los Estados Unidos en busca de asilo con un caso que según abogado tenía buenas probabilidades de ser aprobado. Solo fue encontrado cuando el fotoperiodista, Philip Holsinger, documentó la llegada de los 238 desaparecidos. 

 

Otra de las víctimas de esta crisis humanitaria es Leonel Echavez, un inmigrante de 19 años que fue detenido para ser interrogado sobre sus tatuajes. Echavez, que tiene tatuajes de una rosa con ramas, una flecha y uno con el nombre de su hermana, posee permiso legal para trabajar en Estados Unidos. A pesar de su estatus legal, fue deportado al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador. La organización global, Human Rights Watch, ha publicado múltiples declaraciones sobre la violencia y las violaciones de derechos humanos que sufren los detenidos en el CECOT. 

 

Nota de actualización: Las condiciones crueles de CECOT y la injusticia de las deportaciones han ganado mayor visibilidad con la confesión de la administración de Trump de la deportación de Kilmer Abrego Garcia que fue un error administrativo y que no iban hacer nada para devolverlo a los Estados Unidos con su familia. Debido a las protestas en las calles, en las redes sociales, y en los medios de comunicación, el diputado Chris Van Hollen– quien representa el estado de Maryland donde vive la familia Abrego García– viajó a El Salvador para visitarlo. Hasta hoy, el 24 de mayo, Kilmer Abrego Garcia todavía no ha sido regresado a su hogar en EE.UU. 

 

La justificación para estas deportaciones, que en su naturaleza son violentas, ha sido que los secuestrados forman parte de los cárteles latinoamericanos (que la administración designó como grupos terroristas en enero). Para los 238 venezolanos, el gobierno estadounidense, sin presentar evidencia, ha argumentado que pertenecen a los cárteles Tren de Aragua y/o MS-13. En varios casos, la administración ha admitido no tener evidencia de que forman parte de estos cárteles, o ha presentado evidencia falsificada.

 

Las amplias llamadas a favor de las deportaciones han utilizado justificaciones como que los inmigrantes supuestamente representan una carga para la economía, son criminales, y son traficantes del fentanilo. Para que quede claro, la mayoría del fentanilo que ingresa a Estados Unidos es traficado por ciudadanos estadounidenses y este reporte demuestra que el 88 por ciento de los traficantes de fentanilo en el 2022 eran ciudadanos estadounidenses. Además, las estadísticas muestran que los inmigrantes cometen el menor porcentaje de crímenes en el país y contribuyeron 96.7 mil millones de dólares en impuestos federales, estatales, y locales en el 2022. 

 

Estas designaciones terroristas se han utilizado para justificar que la administración deporte y desaparezca a estos individuos. El hecho de que se les haya otorgado esta etiqueta permite que I.C.E. los detenga y los catalogue como indocumentados, criminales y violentos sin ningún proceso judicial. El estatus migratorio de una persona no cambia el derecho constitucional que uno tiene a presentar su caso en la corte ante un juez, y que el proceso judicial se lleve a cabo conforme a cada palabra de la ley

 

La designación del terrorismo también se ha usado contra los estudiantes y profesores que ejercen sus derechos a la libertad de expresión. Estudiantes como, Mahmoud Khalil, Rumeysa Ozturk, Yunseo Chung, Badar Khan Suri, Momodou Taal, Leqaa Kordia, Ranjani Srinivasan, Rasha Alawieh, Kseniia Petrova, Alireza Doroudi, Mohsen Mahdawi, y otros (Time y AlJazeera han publicado más detalles sobre sus historias individuales) han sido atacados por su afiliación con la intifada (resistencia) estudiantil en apoyo a Palestina o en oposición al imperialismo estadounidense.

 

Nota de actualización: Dr. Rasha Alawieh fue deportada a Líbano en marzo del 2025. Momodou Taal, Ranjani Srinivasan, Alireza Doroudi, tomaron la decisión de salir de los Estados Unidos para su seguridad. Un juez extendió la protección de Yunseo Chung contra un arresto hasta el 5 de junio. Mohsen Mahdawi fue liberado de la detención de I.C.E. el 30 de abril del 2025, Rümeysa Öztürk fue liberada el 9 de mayo, y Badar Khan Suri fue liberado el 14 de mayo. Leqaa Kordia, Kseniia Petrova, y Mahmoud Khalil siguen detenidos.   

 

En la mayoría de estos casos, la administración no ha comprobado que se haya cometido un crimen y terminan admitiendo que la única razón por la que decidieron revocar sus visas y/o detenerlos en centros de deportación es por su supuesta afiliación con grupos designados como terroristas. En el caso de Khalil en el que el secretario de Estado, Marco Rubio, explícitamente dijo que las acciones de Khalil eran completamente legales. Bajo la administración de Trump, participar en protestas, hablar a favor de Palestina, publicar en apoyo a la desinversión en la guerra o hasta portar una keffiyeh puede convertir a alguien en un supuesto aliado de terroristas. No importa si fueran aliados o simpatizantes de los grupos terroristas, si no se ha cometido un crimen entonces el gobierno no tiene justificación legal para detener a los estudiantes, revocar sus visas, y/o violar sus derechos a la libertad de expresión.  

 

Nota de actualización: El 11 de abril, un juez del estado de Luisiana declaró que, a pesar de que no existe un precedente para lo que pretende hacer la administración y el hecho de que Khalil no cometió ningún crimen, Mahmoud Khalil es deportable porque su presencia en el país supuestamente podría tener consecuencias para la política exterior. Si usted desea leer más sobre los detalles del caso de Khalil v. Trump, puede mantenerse informado en https://www.aclu.org/cases/khalil-v-trump.       

 

Trump no es la primera administración en utilizar las designaciones terroristas para eludir protecciones legales. Muchos familiarizados con la política del Medio Oriente reconocerán como las designaciones terroristas de grupos como Ansar Allah–también conocido como los Houthis– en Yemen se han usado como una escapatoria para el gobierno estadounidense. Aunque se supone que cualquier intervención, sea militar, económica o social, se debe aprobar por el Congreso, las acciones contra los grupos terroristas no requieren únicamente la aprobación del poder ejecutivo.

 

El ejemplo de los Houthis también ha circulado en las noticias, pero no por los bombardeos contra los objetivos civiles o los probables crimenes de guerra, sino porque un reportero fue añadido a un grupo donde los líderes de la administración compartieron planos de ataque. Bajo el radar de muchos estadounidenses, el gobierno ya se había involucrado en las campañas militares en Yemen desde al menos 2015. Es importante recordar que, en estos últimos diez años, el Congreso no ha declarado guerra contra Yemen. De hecho, el Congreso no ha declarado la guerra contra ningún país desde 1942. 

 

El uso de la etiqueta del terrorismo para violar la soberanía extranjera y involucrarse violentamente en la politica de otros paises es la triste pero lógica conclusión de un mundo desarrollado bajo la sombra del imperialismo estadounidense. Los Estados Unidos utilizó el 11 de septiembre como justificación para crear una crisis humanitaria. El ataque en Nueva York amplió enormemente el alcance del gobierno Estadounidense para monitorear, controlar, e invadir las vidas de los individuos con la Ley Patriota (Patriot Act). También permitió que el poder ejecutivo utilizar a cualquier fuerza necesaria contra los grupos terroristas, lo que resultó en el uso de tortura en las interrogaciones y el mandado de armas a gobiernos extranjeros, con la aprobación de la Autorización para Uso de Fuerza Militar, 2001. 

 

Con respecto a Latinoamérica, desde el inicio de las interacciones entre ambas regiones se ha visto cómo la intervención en la sociedad, en la política, y en la economía se ha justificado con una supuesta intención moral, como desde la década de 1880 hasta la de 1970, con las compañías de fruta y otros intereses de exportación explotativa. Queriendo controlar toda la exportación de frutas, compañías con sede en Latinoamérica pero con propietarios o vínculos estadounidenses, pidieron recursos del gobierno de EE.UU para derrocar a gobiernos que en muchos casos querían implementar políticas populistas de ayuda social. EE.UU percibía las políticas de bienestar, desarrollo, e industrialización de los gobiernos latinoamericanos como una amenaza al capitalismo y al orden jerárquico global. Cuando el gobierno apoyó estos movimientos derechistas, lo justificó como una forma de prevenir el mayor ‘terror’ de aquella época, el comunismo. 

 

Estos esfuerzos tuvieron éxito en desestabilizar gobiernos izquierdistas en países como Honduras, Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, Panamá y Cuba. Estas intervenciones ocurrieron sin la aprobación del Congreso, y sin la atención de la mayoría del público estadounidense a pesar de que el gobierno de Estados Unidos contribuyó con armas, dinero, e información que hicieron posibles estos devastadores golpes de Estado.  

 

También en las décadas de 1960, 1970 y 1980 con Nixon y Reagan, la guerra contra las drogas, la guerra fría, y los múltiples golpes de Estado tuvieron efectos devastadores para los pueblos latinoamericanos. Como en las intervenciones pasadas, estas acciones contra la soberanía ajena se justificaban como una prevención del terror del comunismo. Estas políticas anticomunistas devastaron a las comunidades indígenas, que en muchos casos no tenían relación con las ideologías industriales de Marx pero que, debido a sus estructuras colectivistas, fueron atacadas. La mayoría de los ciudadanos estadounidenses sabe poco, si es que algo, de las políticas anticomunistas en Argentina, El Salvador, y Guatemala donde comunidades indígenas sufrieron genocidios bajo regímenes metidos por los Estados Unidos para combatir el comunismo. 

 

Más recientemente, en la década de 1990 el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), considerado la epítome del neoliberalismo, fue implementado para debilitar las protecciones laborales en México. Aunque el tratado está diseñado para abrir las fronteras para el comercio, también cerró y militarizó las fronteras para la migración, creando una población perpetuamente explotada y en riesgo. El TLCAN, que en el 2020 fue reemplazado con el TMEC pero con las mismas funciones, establece zonas de libre comercio que se han convertido en zonas de feminicidio y muerte para las empleadas, que en su mayoría son mujeres buscando oportunidades de trabajo. El TLCAN también ha destruido el sustento de comunidades agrícolas, que tienen que competir con los productos frescos subvencionados de los EE.UU, la disminución del empleo agrícola, el debilitamiento de las protecciones laborales, más desigualdad económica y social y un crecimiento en las violaciones de los derechos humanos. 

 

El gobierno estadounidense ha mantenido a su ciudadanía en la ignorancia de todas estas intervenciones y violaciones de derechos humanos y las designaciones terroristas han sido una pieza clave en este proceso. Es necesario analizar críticamente todas las designaciones para determinar si los grupos señalados representan un peligro real para la sociedad, o si, en realidad, solo amenazan al poder corrupto del gobierno.